La semana pasada leía en Lo que pasa en Tenerife un artículo de Nira Llarena que hablaba sobre la posible muerte de las radios comunitarias debido a la convocatoria de un concurso (PDF) realizado por el Gobierno de Canarias para la concesión de 156 licencias para la emisión radiofónica. Dicho concurso se hace según lo establecido en el Decreto sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobado por el parlamento regional y, a su vez, en base a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (PDF).

Después de muchísimos años en los que han existido en Canarias cientos de emisoras de radio en situación alegal, no se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el concurso la particularidad, por un lado, de la realidad radiofónica existente y, por otro, la existencia de emisoras libres y comunitarias sin afán de lucro, por lo que deberán optar en igual de condiciones que las comerciales, lo que significa una clara discriminación.

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Pues me he puesto a hacer números y me he llevado una gran sorpresa. Sabía que el salario de los funcionarios había sufrido una pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, motivada por las congelaciones de 1994 y 1997 y por las irrisorias subidas anuales desde entonces, en relación con el IPC, pero nunca hubiera imaginado que iba a ser tanta la cantidad en euros:

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Por segunda vez publico en el blog este Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, conocido ya en toda la red como #manifiesto.

El motivo no es otro que el hecho de que el gobierno socialista español tiene previsto aprobar hoy la Ley de Economía Sostenible (PDF) donde se incluye la gravísima cláusula para los derechos fundamentales de las personas, ya que permitirá el cierre de páginas webs sin orden judicial, otorgando este poder a una comisión que se creará al efecto.

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

[La imagen, que fue vinculada al Manifiesto desde que se creó, es de Eneko]

«La Asociación de Internautas, el 3 de junio de 2009, presentó ante la Oficina de Conflicto de Intereses una denuncia contra la Ministra de Cultura por entender que existía una situación de conflicto de intereses privado con el cargo, y que lejos de inhibirse como es preceptivo, según aparece publicado en el BOE, ha dispuesto de diversas ayudas a la industria cinematográfica, por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud.»

[Más en Internautas.org]

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

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[Contiene actualización]

Según se puede leer en varias webs, como consecuencia del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, se modificarán el artículo 8 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (PDF) y el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual (PDF de la ley original de 1996 y PDF de la modificación de 2006) para que una Comisión tenga el poder de conectar o desconectar sitios web a su antojo sin pasar por un procedimiento judicial y exigir a las operadoras y proveedores de servicios de alojamiento los datos de los titulares.

El gobierno socialista ha visto cómo reiteradamente la justicia no da la razón a sus amigos artistas y de la SGAE en su intento por cerrar páginas webs con enlaces a contenidos audiovisuales y ha decidido poner remedio colando de tapadillo unas pequeñas modificaciones en los textos legales reseñados en el párrafo anterior, que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

Por ello, periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos:

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Un día como hoy de hace justamente cuatro años, el 17 de septiembre de 2005, publicaba en este blog, como se recoge en la efemérides que existe en la barra lateral, un post titulado «José Antonio Perera, político con blog», en el que manifestaba mi alegría por la iniciativa y escribía que muy posiblemente se tratara del primer político con blog en Canarias.

Aquel blog que referenciaba tenía muy poca actividad, pero unos meses después, abrió uno nuevo bajo el título de «José Antonio Perera, diario de una tarea para mejorar Telde», que mantuvo hasta febrero de 2007.

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Siguiendo la tradición iniciada en Doramas con las locales de 2007 y las generales de 2008, expongo por aquí los resultados en mi municipio, cuyo escrutinio había alcanzado el 100% a las dos horas de haberse cerrado los colegios electorales:

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Ayer se publicaba en Mangas Verdes un vídeo donde Mariano Rajoy hablaba acerca de la posición del Partido Popular sobre internet. Al parecer, ellos defienden la neutralidad y la libertad en la Red:

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[por Carlos Menéndez]

Zapatero no ha dudado en utilizar a su favor a representantes del denominado mundo de la cultura. Parece que con ello pretendía hacer creíble su mensaje con la compañía de quienes tienen por vocación hacer la vida más fácil a los demás.

No obstante, no parece que lo haya consiguiendo. La bandera de la libertad y del progreso que esgrime en sus reiteradas apariciones chocaban con la realidad de las cifras de la economía, con las sentencias de los tribunales defendiendo el derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones, y con una política territorial que está abocada a la desaparición de las garantías que hacen que todos los españoles seamos iguales ante la ley.

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Entra hoy en vigor la orden presidencial española, aprobada por el gobierno de Zapatero (publicada en el B.O.E. de ayer), que incluye las nuevas tarifas del conocido canon digital, que, deberán pagar, a favor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), los fabricantes de los diferentes soportes, que se extiende, además de a discos compactos y versátiles, a impresoras, escáneres, grabadoras, memorias USB y discos duros y portátiles, entre otros.

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Más de doce horas después del cierre de las urnas, con el 100% escrutado y tras la resaca que produce el trabajo de un día de elecciones, podemos afirmar que se repiten los mismos resultados que suelen ser habituales en los procesos de elecciones generales anteriores, en el municipio de Telde. Gana el Partido popular, en este caso con un 43,69%, seguido del Partido socialista obrero español con un 36,64% y de Nueva Canarias y Centro Canario con un 13,66%. En el año 2004, el PP conseguía un 48%, el PSOE un 27,3% y los nacionalistas, bajo las siglas de Coalición Canaria, un 19,87%.

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