Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

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[Contiene actualización]

Según se puede leer en varias webs, como consecuencia del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, se modificarán el artículo 8 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (PDF) y el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual (PDF de la ley original de 1996 y PDF de la modificación de 2006) para que una Comisión tenga el poder de conectar o desconectar sitios web a su antojo sin pasar por un procedimiento judicial y exigir a las operadoras y proveedores de servicios de alojamiento los datos de los titulares.

El gobierno socialista ha visto cómo reiteradamente la justicia no da la razón a sus amigos artistas y de la SGAE en su intento por cerrar páginas webs con enlaces a contenidos audiovisuales y ha decidido poner remedio colando de tapadillo unas pequeñas modificaciones en los textos legales reseñados en el párrafo anterior, que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

Por ello, periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos:

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Hace unas semanas la Asociación de Internautas instaba a todos los ayuntamientos de España para que aprobaran mociones plenarias de rechazo al canon.

Ya hay un primer ayuntamiento que ha anunciado una propuesta de este tipo. Se trata del Ayuntamiento de Málaga, cuyo concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco Salas, tenía previsto en el Pleno de ayer presentar esta moción. De forma más concreta, lo que se pedía era la derogación del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, que trata sobre el derecho de remuneración por copia privada y donde se establecen los importes a pagar por ello.

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Recibo por e-mail una nota acerca de la creación de un nuevo blog canario llamado «Diario de un inconformista». Al parecer se trata, tal y como se confirma en las primeras entradas, de un blog crítico, que, según las palabras de sus creadores, será «un punto de encuentro de inconformistas con lo establecido en nuestras islas y donde pretendemos sacar la rabia contenida que la actualidad de nuestras islas nos da cada día» y «ser un lugar donde denunciar con toda la fuerza de la red, aquellos aspectos de nuestra sociedad que nos hace ser tremendamente rebeldes e inconformistas».

Detrás de esta bitácora, que también ha presentado Fran J. Saavedra en Crónicas de Esperantia, se encuentran un grupo de inconformistas, amantes de la blogosfera y vinculados desde hace años al mundo de los medios de comunicación. Por ello, los autores han decidido firmar sus escritos bajo seudónimo.

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La historia viene de atrás, pero este histórico episodio comenzó la semana pasada cuando Jorge Cortell, profesor de Propiedad Intelectual y de Comercio Electrónico en el Master Multimedia Universidad Politécnica de Valencia (ETSID), publicó en su weblog el post “Si las redes P2P son ilegales, que me detengan (anuncio cuándo y dónde las usaré en público)”, mensaje dirigido “a la SGAE, AFYVE, Antonio Guisasola, Vicente Cerverón, y todo aquel que crea o pueda creer que el uso de las redes P2P es ilegal según la legislación vigente en nuestro país”.

Para demostrarlo, una cita muy concreta: el miércoles 4 de mayo de 2005 a las 13:00 h., en el Aula 1.5 de la ETSIA de la Universidad Politécnica de Valencia, donde impartiría la conferencia “Descargar y copiar música es LEGAL y bueno” y mostraría el uso de un programa P2P para descargar una obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual.

El post tenía su punto más comprometido cuando animaba a los destinatarios del post o a cualquier otra persona que piense que el uso de las redes P2P es ilegal para que emprendiesen acciones legales contra él comunicando sus intenciones a la Fiscalía.

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A través de Mangas verdes me entero que Facua, consumidores en acción ha iniciado una campaña para la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual para acabar con los sistemas anticopia y el canon impuesto a los CD’s, DVD’s vírgenes y otros dispositivos.

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