Pues esta es la conclusión a la que he llegado una vez leída la experiencia que cuenta en su blog el abogado Ricardo Gómez.

Y si me apuran, me compro uno como el de la foto para que no me lo vuelvan a robar.

La historia dura seis meses y va desde el día que le roban el móvil hasta que lo recupera. Claro que dicho así la cosa parece muy fácil, pero en medio hay un rosario de denuncias, escritos, peticiones, recursos y llamadas al Juzgado, a las compañías de telefonía y al Grupo de Telecomunicaciones de la BIT (que dicho sea de paso, no tengo ni la más remota idea de lo que es).

Pero nada de lo hecho es suficiente, por lo que su autor empieza minuciosamente a estudiar todos los escenarios y hechos… pero bueno, eso mejor que lo leas completo pinchando por aquí…

Además de la conclusión final a la que llegué y con la que he titulado este post, uno se plantea si realmente Ricardo hubiera conseguido el móvil si no hubiese sido por todo el trabajo y perseverancia realizada por él mismo, teniendo en cuenta, además, que al ser abogado conoce de primera mano los entresijos de la justicia.

Entre los comentarios puestos en la entrada original, hay quien critica que la maquinaria judicial y policial no debería estar para estos delitos de poca monta, con lo que no estoy nada de acuerdo. Como puse tamibén yo en un comentario escrito en la entrada original, no me parece mal que se haya hecho uso de la justicia y de sus recursos para recuperar el móvil, dado que, a fin de cuentas, se había cometido un delito. Precisamente todo lo contrario. Lo que me fastidia, me molesta y me parece vergonzoso, es que el resto de casos parecidos terminen archivados. ¿Es que no tenemos derecho a una policía y a una justicia justa y competente siempre que seamos víctima de un delito, fuese cual fuese? ¿En este tipo de delitos la justicia sólo funciona en los casos en que los afectados tienen una relación más directa con la policía y/o con los juzgados?

La historia me ha recordado mucho a algo que me pasó hace unos años. La Comunidad de vecinos dimos un adelanto de 500 euros a un fontanero, con el que habíamos trabajado ya en alguna ocasión anterior, por un trabajo que habíamos convenido y el tipo desapareció sin dar más señales y sin realizar el trabajo. Lo denunciamos, facilitando algunos documentos como factura donde constaban los teléfonos y la dirección del ladrón. La policía o quien tuviera que hacer algo al respecto no movió el culo o, por lo menos, no lo hizo como esperábamos o vemos en las películas, y el caso se archivó. Seguro que si uno de los afectados hubiesemos decidido hacerle una visita y enfrentarnos para exigirle la devolución del dinero, hubieramos terminado acusados de persecución, de agresión o de cualquier otro delito que, al parecer, es más importante que el de robar. Entonces, seguro que el cauce legal hubiera funcionado a la perfección.

En cualquier caso y a diferencia de la conclusión con la que Ricardo finaliza su historia, lo que tengo claro es que el sistema policial-judicial no funciona, o por lo menos no funciona igual para todos.

[Visto en el estupendo blog informativo y no oficial de Yoigo / Imagen cogida de Papelera 21]